Alberto Santillán habló con Coemu en la vigilia por el aniversario de la represión ejecutada por la Policía bonaerense en el puente Pueyrredón en 2002, en la que asesionaron a su hijo y a Maximiliano Kosteki, un 26 de junio.
Fotos: Lucho García
Por Nahuel Iribarren
La actividad central de la jornada
tuvo inicio a las 19.00 horas con un acto que contó con la presencia de
familiares de Darío y Maxi acompañados "por voces de las luchas de ayer y
de hoy" y diversas organizaciones sociales.
Además, participaron Alberto y Leo
Santillán -padre y hermano de Darío- y Vanina Kosteki (hermana de Maxi),
quienes se concentraron junto a Nora Cortiñas, Vanesa Orieta, Carlos El Perro
Santillan, Delegados Gremiales de Aceiteros y Vicente Zito Lema, entre otros.
En palabras exclusivas para COEMU,
Alberto Santillán dijo: “este 25 tiene mucho simbolismo, no hay banderas solo
para acompañar, el compromiso es grande. Venimos soportando 13 años impunidad y no es simplemente un hecho
policial, sino también político. Es una responsabilidad del Estado.”
Aclaró que al realizarse los juicios
vio morir miles de veces a Darío, y que las imágenes de él y Maxi en la
estación son importantes para que no se olvide de los hechos que ocurrieron.
“Dario ha puesto una semilla en los jóvenes y es un legado, yo perdí un hijo
pero gane muchos más” agregó.
El 26 de junio de 2002, en el marco de
la grave crisis social que atravesaba la Argentina, las organizaciones sociales
intentaron manifestarse sobre el Puente Pueyrredón que une Capital Federal con
la provincia de Buenos Aires.
La Policía bonaerense, en cumplimiento
de directivas políticas, impidió el avance de los manifestantes sobre el puente
y desató una represión en la que murieron Kosteki y Santillán.
Ambos resultaron muertos a tiros en la
estación Avellaneda del ferrocarril Roca, a manos de una patrulla policial al
mando del comisario Alfredo Franciotti, que recibió una condena por el hecho
junto con el cabo Alejandro Acosta, en 2005.
No obstante, los familiares de los dos
militantes, en calidad de querellantes, reclaman desde entonces que se avance
sobre las responsabilidades políticas que determinaron la masacre.
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