El golpe de estado de 1976 dejó heridas que, aún a 32 años de la
recuperación democrática, no cicatrizan. Parieron organismos de derechos humanos que se consolidaron
como ejemplo a imitar, en lo que a estas políticas refiere, por el resto del
mundo. El aparato de seguridad del Estado argentino, sin embargo, también fue
afectado por la concepción represiva heredada de esos años y consolidada en el
retorno de la democracia.
Por Gerónimo Gorriarena
Maximiliano
Kosteki. Darío Santillan, Luciano Arruga o Walter Bulacio pueden haberse
convertido en tristes símbolos de ésta problemática, que se complejiza y
asienta con más fuerza en el interior del país. Según datos recolectados por la
Campaña Nacional contra la Violencia Institucional,
en los últimos 12 años, hubo 1893 muertes en hechos violentos con participación
de alguna fuerza de seguridad.
“A
partir del 2003 las vulneraciones a los derechos humanos hacen un contraste muy
fuerte, porque el planteo de la democracia es otro, ya no es el neoliberal
donde el Estado solo estaba para garantizar los negocios de una minoría
privilegiada” sostiene Julián Froidevaux,
subsecretario de Derechos Humanos de Entre Rios, quien encabeza desde la
Subsecretaría provincial la búsqueda de justicia en distintos casos de
desapariciones en democracia. Uno de esos casos es el de los hermanos Jonathan
y Elías Gorosito, secuestrados por dos policías provinciales distintas.
Jonathan Gorosito perdió la vida el
22 de Junio de 2011, en una comisaría de Las Heras, Provincia de Santa Crúz.
Los efectivos intentaron hacer pasar su muerte por suicidio, “pero hay
elementos probatorios necesarios para que por lo menos dos de los policías
vayan a la cárcel por homicidio”, afirma Froidevaux. Elías Gorosito, el mayor
de los hermanos, ostenta el fatídico título de ser el último caso de un joven
desaparecido a manos de la policía entrerriana; está ausente desde el 13 de
febrero de 2002, cuando los suboficiales Diego Javier Salvador y Jesús Salvador
López, recientemente condenados por secuestro coactivo, lo introdujesen al
móvil policial que conducían para que nunca más vuelva a ser visto con vida.
El Subcomité para la Prevención de
la Tortura de las Naciones Unidas insta, a sus estados miembros, a organizar
comités de prevención autárquicos con la potestad de poder intervenir ante
casos de violación de los derechos humanos. Froidevaux explica que la Argentina
se encuentra en proceso de adaptación a dichos estándares, para lo que necesita
la decisión política de las legislaturas provinciales.
La conformación de los comités de
prevención permitirían, según explica el funcionario, “poder entrar a cualquier
lugar de encierro, en cualquier momento y sin aviso, para poder llevar a cabo
un registro cabal de la política sistemática de lugares de encierro”
incluyendo, además de cárceles o comisarias, a geriátricos, psiquiátricos, e
incluso móviles policiales. Ésto solo podrá lograrse, entiende Froidevaux, “con
la demanda social y el empuje de la organización popular para que estos temas
entren en la agenda política de las cuestiones pendientes”. La Campaña Nacional
Contra la Violencia Institucional, entonces, opera en ese sentido.
Casos como el de los hermanos
Gorosito, que muchas veces no alcanzan las portadas de los diarios nacionales,
motivaron a distintos movimientos políticos y sociales de la Argentina a poner
en funcionamiento la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, que
cuenta con el apoyo del Congreso de la Nación por iniciativa del diputado
nacional Leonardo Grosso (FPV), y consta de una doble aproximación a la
problemática: mediante promoción de derechos y asistencia a las víctimas.
Una primera red, compuesta por
promotores y voluntarios surgidos de escuelas de formación territorial, se
encarga de difundir los derechos ante posibles detenciones arbitrarias y de
preparar a los jóvenes para saber cómo actuar ante una situación de abuso
policial. Desde la segunda red, donde participan abogados y estudiantes de
derecho, se aporta asistencia profesional y protección legal a las víctimas y
sus familiares. Los derechos no son derechos hasta que se los ejerce, afirman
desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, e invitan a
conocerlos, promoverlos y defenderlos.
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