Después de los procesos de
independencia en Latinoamérica, los ingleses empezaron a ejercer presión a
través del endeudamiento económico para garantizar su poder dando lugar a la
llamada deuda externa argentina. Existieron vaivenes según el gobierno de
turno, desde democráticos a militares. La casusa Olmo es imprescindible para
entenderla, y la reestructuración de Néstor Kirchner es primordial de
reivindicar.
Por Clarisa Busemi
El principio del aciago endeudamiento externo argentino se remonta a 1824
cuando el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Buenos Aires,
Bernardino Rivadavia negoció un empréstito con la compañía bancaria de Londres,
Baring Brothers. El monto estuvo estipulado en “un millón de libras esterlinas,
de las cuales solo llegaron menos de la mitad, y no en dinero, sino en papeles
negociables”, sostiene Pacho O’ Donnel en el documental “Qué hubiera pasado”,
de Canal Encuentro.
En 1825, se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre
Buenos Aires y Gran Bretaña. De esa manera, los ingleses se aseguran la
hegemonía disputada con los capitales franceses. A partir de ahí a Argentina se
le dificulta el pago de La deuda contraída irregularmente. Ese año el estado
argentino reconoce la deuda y se crea el banco nacional que centraliza la
emisión monetaria. “Una excusa que tiene que ver con las aspiraciones de
Rivadavia de ser presidente en un país desarmado y en medio de la guerra civil.
Necesitaba de una institución nacional, de un banco al servicio de intereses
británicos”, señala Felipe Pigna.
En 1866, Bartolomé Mitre presidía el país. Se aprueba la Ley 206 y la
deuda externa de la provincia de Buenos Aires se transforma en una deuda
nacional. Mitre lleva a cabo una política que consiste en consolidar el
incipiente Estado Nacional. Cuando concluye su presidencia, la deuda externa asciende
a cuatro millones setecientas mil libras. Luego, en la gestión de Domingo
Faustino Sarmiento, el país vuelve a tomar nuevos préstamos y al término de su
mandato, en 1874, la deuda alcanza los catorce millones quinientas mil libras.
El contexto económico, social y político es crítico en 1890 con el
surgimiento de la Unión Cívica. Tres años después y luego de 69 años se termina
de pagar el préstamo contraído con la Baring Brothers. Sin embargo, los
subsiguientes gobiernos vuelven a endeudarse, y suman los setenta y ocho
millones en 1904.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, nace el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para regular el tipo de cambio otorgando créditos a
los países que, bajo el sistema
capitalista, están envueltos en abultadas deudas. En nuestro país ejerce la presidencia
Juan Domingo Perón, que decide no formar parte del organismo internacional
porque consideraba que al valor de la moneda había que establecerlo en la
propia Argentina. Tiempo después, en 1967, Perón explicó sus razones de no
adherirse al “fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las
monedas del “Mundo libre””, no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida”.
En 1955, el general fue destituido, y un año después, durante la
presidencia de facto del general Pedro Eugenio Aramburu, el país vuelve a
endeudarse e ingresa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al
Club de París. Hasta 1959 la deuda se incrementa de cincuenta y siete millones a
mil cincuenta y un millones de dólares. En efecto, el Fondo Monetario
Internacional comienza a tener una importancia sustancial en la política
económica nacional. A partir de allí se gesta un camino de debacle en torno a
la soberanía económica nacional que se encamina con la reestructuración que
realiza, recién en 2005, Néstor Kirchner.
La causa Olmos y el dictamen de Ballesteros
Alejandro
Olmos fue un periodista y militante político tucumano
que investigó el endeudamiento que
contrajo Argentina, mediante préstamos internacionales irregulares, durante la dictadura cívico militar
de Jorge Rafael Videla. Denunció a
la Justicia al ex ministro de Economía, José
Alfredo Martínez de Hoz y a
otros funcionarios del Golpe de
Estado de 1976 en una causa penal que fue
promovida durante 18 años.
Al inicio del
golpe de Estado de 1976, la deuda externa era de 7.800 millones de dólares, y
hacia el final, en 1983, ascendía a 45.100 millones, un incremento del 364 por
ciento, según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía.
En casi dos
décadas, Olmos aportó pruebas sobre las fraudulentas políticas de endeudamiento,
y en 1990 escribió: La deuda externa:
todo lo que usted quiso saber y siempre se lo ocultaron. También
creó el Foro de la Deuda Externa para movilizar la opinión pública. Su hijo,
el investigador, historiador y especialista en derecho internacional, Alejandro Olmos Gaona continuó ese camino de
investigación hasta la actualidad.
La denuncia penal que Olmos
(padre) presentó en el Juzgado en lo
Criminal y Correccional Federal N° 2, el
4 de abril de 1982 es la N° 14.467, caratulada "Olmos, Alejandro S/dcia”. La
causa se fundamenta en que el plan económico creado y realizado desde 1976
hasta 1981 produjo un desmedido endeudamiento externo; con divisas que
ingresaron para negociar con las tasas de interés. La causa sostenía que el
gobierno de facto generó quiebras y cierres de empresas, más dificultades en la
actividad exportadora y de producción que afectaron el crecimiento del país.
Olmos amplió su investigación con
una segunda denuncia sobre las renegociaciones y los manejos de los fondos de empresas
privadas respecto a la deuda externa. Allí abordó “El seguro de cambio”, una medida establecida por Domingo Cavallo,
por entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, y su
sucesor Julio González del Solar. Dicho anuncio se implementó en 1982 para
estatizar la deuda contraída por empresas privadas.
En una entrevista a Página 12, el 14 de junio
de 2004, el historiador Norberto Galasso explica que esta implementación “tuvo
un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda
de 5300 a
45.000 millones”. Algunas de las empresas favorecidas fueron: Celulosa, Pérez
Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat, y Techint,
que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo. Galasso dice al respecto
que “se les licuó la deuda, en medio de un período de alta inflacionario.
Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta
1986”.
El menemismo propició la apertura de
nuevas denuncias. En 1993 Alejandro Olmos hijo abrió una nueva causa, la Nº
17.718, denominada "Olmos Alejandro s/ Denuncia por defraudación a la Administración
Pública", que aún se encuentra en trámite
en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Dicha investigación se basó en las infracciones a la
Ley Penal Cambiaria y el Plan Brady, que consistía en una reestructuración
de la deuda latinoamericana para favorecer a los bancos acreedores.
La tercera causa presentada
fue la del Megacanje Cavallo-De La Rúa, operación realizada previa al default
de 2001. Se trata de los fondos que las empresas tenían en el
exterior y lo traían al país bajo forma de préstamos. Desde 2000, Alejando Olmos Gaona profundizó la investigación
y solicitó un recurso de amparo para detener el pago que Néstor Kirchner
realizó al Fondo Monetario en 2005.
Olmos Gaona presentó entonces la cuarta causa junto al investigador
Daniel Marcos para que se indague “el endeudamiento desde 1995 hasta la última
reestructuración efectuada por el presidente Kirchner”, como indica el libro en
el que participa junto a varios autores: Deuda
Externa ilegítima argentina: La estafa (Editorial de la Universidad
Católica de Córdoba). Dicha causa se tramita actualmente en el Juzgado en lo
Criminal y Correccional Federal N° 7.
El dictamen del juez Jorge Ballesteros, (de
la causa de Olmos padre) en 2000 ratificó la ilicitud de la deuda, la
responsabilidad de los funcionarios del Gobierno de Facto que la
forjaron, y la corresponsabilidad de organismos como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) que autorizó los préstamos fraudulentos. La causa prescribió a pesar de ser enviada al Congreso
Nacional para que debatiera con nulos resultados.
Olmos padre murió dos días antes de la
sentencia. El fallo señala la deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y
fraudulenta”. El único
procesado en su momento fue el ex ministro de economía Martínez de Hoz, pero lo
sobreseyeron porque la acción penal prescribió, y ninguno de los implicados fue
procesado.
La causa Olmos devela
lo ilegítimo de la deuda externa argentina y las empresas privadas que se
favorecieron con ella, tanto en gobiernos militares como en democráticos. Reflexiona
sobre el presupuesto aprobado cada año destinado al pago de los intereses de la
deuda en desmedro de los intereses del pueblo y a favor de la usura
internacional. En el
periódico La Vaca, el 10 de enero de 2006, Alejandro Olmos Gaona resumió: “las deudas hay que pagarlas,
las estafas no”.
Reestructuración kirchnerista
En 2004 el presidente Néstor Kirchner y su ministro de
economía Roberto Lavagna reestructuran la deuda y la cancelan con el Fondo Monetario
Internacional. Se ahorran mil millones de dólares y se desligan de los
requerimientos del organismo internacional. En 2007 al
finalizar el mandato de Kirchner, se logra bajar a ciento ocho mil millones de
dólares. A casi ciento noventa años del primer préstamo.
Aldo Ferrer en su texto “La
negociación de los buitres” explicaba que “en los canjes de 2005 y 2010,
Argentina logró la reestructuración de deuda soberana más exitosa de la
historia, sin pedirle nada a nadie”. Eso significa “sin la participación del
FMI ni el visto bueno de los mercados financieros. La deuda pendiente no
alcanza a 3000 millones de dólares, menos del 8 por ciento del total de la
declarada en default en la crisis del 2001”.
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